La Concesión

Somos una sociedad fundada con el objeto social de ejecutar el contrato de concesión de obra pública relativo al Hospital Público Álvaro Cunqueiro: Nuevo Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Estamos dedicados a ayudar a hacer realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y por eso nos involucramos en la redacción del proyecto técnico, financiación, construcción del Nuevo Hospital Público de Vigo, así como la explotación de determinados servicios no clínicos del complejo hospitalario.

Creemos firmemente que alcanzar los 17 ambiciosos objetivos de la ONU es esencial para el futuro de las personas y el planeta al abordar el cambio climático, construir comunidades resilientes y proteger el medio ambiente.

Por eso, si bien nuestra duración como sociedad no es indefinida, dado que el periodo de concesión tiene una duración máxima de 20 años, al término de la misma nos comprometemos a que el complejo mantenga un buen estado de conservación, de manera que puedan seguir cumpliendo la finalidad para la que se otorgó la concesión y sin ningún tipo de contraprestación.

Tenemos la experiencia y la creatividad necesarias para lograr un impacto real. Resolvemos problemas de forma práctica. Nuestro enfoque integrado de inversión garantiza que podamos maximizar los beneficios económicos, ambientales y sociales en cada proyecto.

Una concesión de un servicio público es un acuerdo en el que una Administración delega a una entidad privada la gestión, operación o desarrollo de un servicio esencial para la ciudadanía; como agua, electricidad, transporte o salud, bajo un contrato con condiciones específicas. El objetivo es aprovechar la capacidad técnica, financiera y operativa del sector privado para garantizar la prestación eficiente del servicio, mientras el gobierno conserva la titularidad y establece las normas y estándares que deben cumplirse en un contrato amparado por la legislación vigente al que concurren empresas diferentes con propuestas de mejora. Este modelo busca optimizar los recursos públicos y mejorar la calidad del servicio sin que el Estado pierda su última responsabilidad hacia los usuarios. Y ese modelo está auditado a tiempo real en su gestión precisamente por tratarse de un servicio esencial y público.